Aunque la Directiva (UE) 2024/1226 se aprobó en abril de 2024, es ahora cuando su impacto empieza a sentirse con fuerza. Los Estados miembros de la Unión Europea tenían de plazo hasta mayo de 2025 para trasladarla a su legislación interna, y esto significa que las empresas deben adelantarse y revisar sus políticas de cumplimiento internacional. No hacerlo a tiempo puede suponer consecuencias muy graves en un futuro inmediato.