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En muchas empresas, el origen de las mercancías sigue tratándose como una cuestión meramente técnica o documental. Algo que “se prepara” en logística, que “gestiona” el transitario o que se resuelve marcando una casilla en la factura.
Sin embargo, esta visión es cada vez más peligrosa.
La Unión Europea ha aprobado el Reglamento (UE) 2026/1395, por el que se establece el nuevo marco del Sistema Generalizado de Preferencias —SGP— a partir de 2027. Este régimen permite aplicar reducciones o exenciones arancelarias a determinados productos originarios de países beneficiarios, especialmente países en desarrollo.
Exportáis con EUR.1 o declaración en factura: hay trabajo por hacer en 2026. Dos cambios normativos en vigor este año — el Convenio PEM revisado y el Reglamento (UE) 2026/1183 — transforman la gestión del origen preferencial. Ya no basta con tener los documentos en regla. Hay que poder demostrar, producto a producto, que el origen es correcto.
A partir del 1 de julio de 2026, los bienes contenidos en pequeños paquetes de valor inferior a 150 € dejarán de beneficiarse de la tradicional exención de derechos de aduana y quedarán sujetos, con carácter transitorio, a un derecho fijo de 3 €.
En muchas empresas, el trabajo remoto internacional aparece de forma natural: un empleado que se muda por motivos familiares, un perfil clave que trabaja unas semanas al año desde otro país, o un directivo que alterna periodos en distintos lugares. A menudo se gestiona con buena fe y sentido común… pero sin una pregunta crítica encima de la mesa: ¿Puede el teletrabajo desde otro país generar obligaciones fiscales para la empresa en ese país?
Si tu empresa fabrica en la Unión Europea y exporta fuera del mercado comunitario, seguro que estás familiarizado con los certificados de origen y las declaraciones que te piden tus clientes. Son la llave para que tus productos disfruten de aranceles reducidos o cero en muchos países.